Escrito por el Dr. Jesús Enrique Gánem Martínez,
presidente de Ifedec-Carabobo
El Movimiento Sindical Venezolano en estos azarosos tiempos se ha visto perturbado con la acción gubernamental que ha suplantando de manera abusiva e ilegal, el sindicato, por la fuerza coercitiva del decreto presidencial. Décadas atrás los aumentos del salario y demás medidas que tocaban lo laboral, se alcanzaban de manera concertada; en el sector público, con abierta participación de sus trabajadores y el Ministerio respectivo, y en el ámbito privado, con los sindicatos, el patrono y de ser necesario, la intervención equilibrada de la institución oficial.
Las variables macro-económicas del país se examinaban recurrentemente valorando la referencia del costo de la canasta básica, la cual determinaba lo que debía corresponder como aumento salarial, es decir, se ajustaba la remuneración con la inflación del momento.
En este largo y penoso período gubernamental la llamada revolución socialista viene pregonando a grito tendido la igualdad y el respeto a los trabajadores, pero progresivamente obstaculiza sus reclamos, a tal extremo, que ya resulta un calvario para la masa laboral, la aplicación de aquellas normas y preceptos que le benefician, tales como las consagradas en la todavía vigente Ley del Trabajo.
Semejante conducta ha producido un malestar que se ve en las diarias protestas en calles y avenidas de todas las ciudades del país reclamando el cese de los apagones, costo de los alimentos, inseguridad, desempleo, la falta de vivienda, y recientemente, el tema del empleo, inflación y salario abordado por el Gobierno de manera atropellada, desconsiderada y ofensiva producto de una política de Estado equivocada e inspirada en un marxismo obsoleto y en desuso que no admite el manejo de la política laboral con la participación plural de sectores distintos al régimen chavista.
La clase trabajadora identificada con el Gobierno por supuesto que acepta y defiende todas las deleznables e inconsultas medidas, a sabiendas que un dirigente sindical jamás puede ser un incondicional, porque su lucha social se basa en el reclamo, que es el arma que se aplica frente al anhelo y la esperanza de una vida mejor. Si no existe el reclamo para requerir reivindicaciones es imposible alcanzar la superación de la gran deuda social que tiene el régimen con la clase trabajadora y su familia. Ahora bien, el dilema es cómo hacerlo si no se admite o restringen las convenciones colectivas, se irrespeta la libertad sindical, el salario lo establece el Gobierno, y que no decir del inexistente derecho a huelga
Nada extraño en estos tiempos de dolorosas sorpresas es el último aumento salarial -sólo ajuste y no aumento- que se produce de manera unilateral, sin que haya mediado la consulta de por medio a los verdaderos actores. El cuestionado decreto no resulta extraño ni tampoco la forma como se le hizo saber a la nación, porque en Venezuela no tenemos autonomía de poderes y el que la dirige lo hace de manera autocrática, entonces, qué se podía esperar en el campo de la relación laboral.
Hoy el Presidente pretende, además de vitalicio, ser patrono y sindicalista a la vez, manejando artificiosa y manipuladoramente la situación salarial, apoyándose en un pequeño grupo de directivos sindicales de empresas expropiadas o confiscadas, colocados a dedo, sin elecciones libres y democráticas. Todo este proceso tiene un signo inequívoco, el "quiebre" del movimiento de los trabajadores, por lo que se le cerca, sobre todo el camino para mejorar su calidad de vida, regularizando a través de instrumentos jurídicos lo atinente al salario y de paso acabar con las conquistas logradas bajo el amparo de las convenciones de trabajo.
El procedimiento del aumento por decreto ley resulta incompatible con la garantía constitucional que obliga al Estado a mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, prohibiendo normativas que alteren los derechos y beneficios laborales, declarando nula toda acción, acuerdo o convenio que menoscaben esos derechos. Por tanto, el abandono de la protección del Estado no significa otra cosa que la congelación de los beneficios laborales en el país, cuestión que ya sienten de manera progresiva todos los trabajadores al ver cada vez más mermadas sus reivindicaciones contenidas en la Ley de Trabajo, y otro aspecto, estrujándoles en la cara la aplicación de la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación y el Código Penal, con lo que criminalizan la protesta pública. Recientemente escuché a un catedrático decir con propiedad: "Cuando el Gobierno es el patrono, la libertad sindical no existe". Plenamente de acuerdo.
